Por Ricardo Reyes.
Imaginemos una mañana en Tepic, donde el sol de octubre se filtra entre las persianas de una casa humilde. Una madre revisa su teléfono, no por el clima, sino por el último reporte de la Guardia Nacional: «Actividades de proximidad en escuelas».
Suena reconfortante, casi idílico. Pero esa misma noche, en el norte del estado, dos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit yacen inertes en la carretera, víctimas de la plaga criminal que no distingue entre aulas y calles.
Es el retrato brutal de Nayarit en 2025: un estado que se jacta de ser el quinto más seguro del país según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), pero donde la violencia letal ha escalado un 24.8% en los primeros siete meses del año. ¿Cómo reconciliar la ilusión oficial con la pesadilla cotidiana?
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero lo tiene claro: «Nayarit no puede ser de ningún grupo delincuencial, debe ser de los nayaritas». Palabras valientes, pronunciadas en una rueda de prensa reciente, donde no escatimó en admitir que el estado ocupa el séptimo lugar nacional en feminicidios per cápita.
No oculta cifras, dice, y promete mesas de seguridad itinerantes, como la que sesionó ayer en Huajicori, un municipio azotado por la impunidad.
A nivel nacional, el Gabinete de Seguridad celebra una reducción del 25.3% en homicidios diarios desde septiembre de 2024 y Nayarit presume el menor costo del delito en México, con una «cifra negra» del 93.2% en denuncias no registradas que, irónicamente, habla de confianza en las autoridades o, peor aún, de resignación.
En mayo, el Semáforo Delictivo reportaba 51 robos a vehículos, 9 a casas y 60 lesiones, cifras que parecen contenidas en comparación con el caos de vecinos como Jalisco o Sinaloa.
Pero los números fríos se quiebran ante la realidad sangrienta. En septiembre, cuatro municipios –incluyendo Tepic y Bahía de Banderas– vieron dispararse los delitos de alto impacto: homicidios, privaciones de libertad y extorsiones que dejan familias destrozadas. Y no hablemos de los hallazgos macabros: cinco decapitados en una semana, un recordatorio de que el narco no negocia, solo reclama territorio.
En Bahía de Banderas, una ola de robos a calentadores solares ha afectado a 30 familias en semanas, ladrones que trepan azoteas bajo la luna sin un solo policía a la vista.
La percepción de inseguridad en Tepic saltó del 33.3% al 49.7% entre junio y septiembre, según el INEGI, un incremento que duplica el de muchas ciudades y refleja no solo miedo, sino desconfianza en un sistema que prioriza el «adaptarse» sobre el actuar.
Las voces de las afectadas son las más elocuentes. Las buscadoras de desaparecidos en Nayarit, esas mujeres que excavan en fosas clandestinas mientras el Estado mira para otro lado, no se andan con rodeos: «Dudamos si fue bueno votar por Sheinbaum», confiesan, criticando una inseguridad que se maquilla con narrativas de «percepción» en lugar de justicia.
En un país donde más de la mitad de los estados arden en violencia, Nayarit no es oasis ni infierno total, sino un limbo donde el quinto lugar en seguridad choca con 278 carpetas de homicidio en lo que va del año.
Y mientras el presidente municipal de Huajicori sugiere «adaptarnos un poco» a la delincuencia, las madres nayaritas no buscan adaptación: buscan hijos vivos, calles seguras y un gobierno que no confunda silencio con paz.
Es hora de que Nayarit deje de ser un espejismo estadístico. Las mesas de seguridad no bastan; hacen falta inversiones en inteligencia, no en discursos, y una justicia que no sea la entidad con menor capacidad penal del país.
Porque en octubre de 2025, la inseguridad no es percepción: es el eco de balas que no cesan. Y los nayaritas merecemos más que promesas; merecemos un futuro sin miedo.
